ROSA DE LOS VIENTOS

 

Por Israel López Chiñas

 

<La Seguridad Pública requiere de un trabajo profesional>

 

La propagación de las carencias, deficiencias y los conflictos posibles en el gobierno local para el suministro de seguridad pública, está impactando entre la sociedad, la delincuencia y moral del personal de las diferentes corporaciones policíacas.

 

Entre la clase política de la entidad todavía existe la imagen inmediata, o no se quitan el San Benito, que la inseguridad en territorio guanajuatense es la extensión de los sucesos del país; una apología en la percepción del grave problema local.

 

Los Poderes del estado de Guanajuato: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están obligados a atender la crisis provocada por delincuentes que bordan el futuro de los guanajuatenses. Por ello, apremia la actuación decidida y efectiva de la tercia.

 

Más que la Liga de la Justicia, prefigurada por algún político o encomendar la protección a una divinidad, resulta menester e inaplazable que el gobernador Miguel Márquez, ofrezca la explicación con base en estudios, la inseguridad y la violencia.

 

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, no sólo se ha presentado como autoridad que no consigue atender el problema para superarlo, sino cual jefe de la corporación que fue rebasado por los subordinados.

 

Lo que dejó de hacer el gobierno estatal, se está devolviendo cual efecto boomerang, al sujetar al congreso local con una mayoría panista dirigida por Éctor Jaime Ramírez que no revisó los planes y programas antes de aprobar los recursos.

 

Pero los legisladores locales, de todas las representaciones partidarias, tampoco se tomaron la molestia de fiscalizar la aplicación de los recursos en seguridad pública, en especial los efectos. Una idea simple hubiera sido de mucha utilidad.

 

Mientras los diputados trataron de atender a la criminalidad legislando, sin enterarse de los reclamos de la sociedad y de los policías, aumentaron la “punibilidad del delito de homicidio” en agravio a los elementos policiacos; para poder evadir la realidad. Eludieron el mejoramiento de las condiciones de vida del personal como lo laboral.         

 

En el Poder Judicial, salvo lo que consideran de su incumbencia, los magistrados de las salas Penal y Civil, y del Consejo del Poder, aún no han presentado a la sociedad una investigación, los factores que afectan la administración de la justicia.

 

En el acceso, reelección y permanencia de los magistrados al Poder Judicial, tiene papel esencial el gobernador en calidad de Ejecutivo, para la designación de jueces de segunda instancia. Sin tratar de ignorar el papel, los togados deberán de aportar más en esta crisis.                  

 

Entonces no serán los personajes de ficción, o de otro ámbito, quienes proporcionen la  seguridad pública exigida y administrar la justicia. Serán los servidores públicos que han protestado cumplir y hacer cumplir la ley… quienes ya adquirieron el papel.

 

Proveer seguridad pública de parte de los gobiernos no pasa necesariamente por embestir a la opinión pública ni tampoco a la sociedad (donde caben los policías), por reclamos frente al alza desmedida de delitos cometidos en los 46 municipios.           

 

Todos los factores que están incidiendo, sin soslayar otros, ofrecen una idea sobre la inseguridad y sus consecuencias; así como la forma de encararlas. Sin embargo, desoír la información para tratar de acallar la policía, podría ser un “error grande”.

 

Precisamente el trabajo de inteligencia que debe hacerse con el interés de acumular datos incluso los más nimios del tema, recibirá la revisión acuciosa para mejorar el servicio máxime si son testimonios presentados por personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), que no quisieron atender los mandos.  

 

Las propuestas de parte de los cinco buscadores del Gobierno del Estado frente a las condiciones que se tienen en territorio guanajuatense y municipios, tendrán que superar las entregas de ideas sin sustento para superar la inseguridad y violencia.

 

Tendrán que presentar un proyecto con estudios, porque son candidatos de fuerzas políticas nacionales y traen una idea de nación como de entidad federativa. No caben los decálogos o unos simples apuntes para que complementen la ciudadanía.

 

En el camino de la profesionalización del personal de los cuerpos policiacos, y precisamente por la crisis producida por la delincuencia en la entidad, se requiere que los cinco candidatos planteen los nombres de su secretario de Seguridad Pública, persona que consideran capaz de aplicar con éxito los planes y programas

 

El escenario tendrá que motivar el fin de la charlatanería en la cuestión. Los estudios deberán anteceder al pragmatismo vulgar para suministrar seguridad pública. Guanajuato, debe tener escuela de mando para empezar la profesionalización.

 

<Pendientes en el caso del cura pederasta, Raúl Villegas>.

 

De no haber sido por el dislate de un abanderado al Gobierno del Estado, quien consideró exagerada la condena de 90 años de prisión impuesta al cura Raúl Villegas Chávez, por violar dos estudiantes, el caso estaría atrapado en el diarismo.

 

El comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que presenta los delitos acreditados: “violación calificada, hostigamiento sexual, abuso sexual y corrupción de menores”, no mereció la atención de algunas autoridades.

 

José Raúl Montero de Alba, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado, no convidó una opinión de la causa de las menores de edad después de que se conoció la sentencia. El ombudsman prefirió una especie de “silencio cómplice”.

 

La Iglesia Católica debido a los delitos cometidos por Raúl Villegas -ex vocero de la Arquidiócesis de la ciudad de León- pidió perdón a las víctimas de los delitos sexuales cometidos por el clérigo en un colegio situado en la diócesis de Irapuato

 

No se debe olvidar que están de por medio los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que señala el interés superior de los menores y necesidad de procurarles una mejor condición. El caso del cura tuvo detalles que debió atender la PDHEG.

 

Máxime que el sacerdote sentenciado recluido en el CERESO de la ciudad de Irapuato tiene en su contra otras denuncias por delitos sexuales en contra de tres menores de edad que estudiaban en la escuela donde lo hacían las dos primeras.

 

Y una denuncia por pederastia que está integrando la PGJE. Existen suficientes razones por las cuales el ombudsman de la entidad debió de participar activamente; pero, aún no se incorpora a la tarea sensible para la sociedad guanajuatense.

 

Por lo que corresponde a la Iglesia Católica que pidió perdón a las víctimas y exteriorizó que se “acata la sentencia judicial como medida punitiva pero también medicinal”, es posible que le faltan otras acciones para clarificar el asunto del cura.

 

Las familias católicas, requieren de investigaciones serias de la actuación de Raúl Villegas Chávez, que deberá de hacerse: como la trayectoria del sacerdote, en particular su presencia en la ciudad de León y las razones de su traslado a Irapuato.

 

Así, lo expresado por Ricardo Sheffield Padilla candidato a la Gubernatura por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, que llamó exagerada a la sentencia, colocó los reflectores sobre esa causa porque su opinión fue calificado como “error garrafal”.

 

<Dudas en registro de candidaturas para Ayuntamiento. Habrá litigios>

 

Al término del periodo vacacional de primavera, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) otorgó el registro para candidaturas de Ayuntamientos del estado, pero dejó en inédita determinación el aval de las planillas de la coalición Morena- PT- PES, PRD y Movimiento Ciudadano– MC -.

 

La numeraria señala que registraron 45 planillas al PAN, 45 al PRI, 43 al Partido Verde, 41 para Nueva Alianza y 2 a Morena, dejando muchas más en espera para revisar los casos a fin de atender el principio de paridad, el cual, se ha detectado en todos los partidos sirvió para trampear o vendettas políticas; los independientes, en 23 casos alcanzaron el registro de planillas.

 

Así las cosas, quedan en espera las determinaciones para el PAN en Villagrán y para el PRI en Celaya. La Coalición “‘Juntos Haremos Historia” deberá esperar por Celaya, Irapuato, León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, entre otros. Nueva Alianza en San Miguel de Allende y Tarandacuao. MC espera por Dolores Hildago, San Luis de Paz y algunos más.

 

La determinación del IEEG, que está a estudio en los partidos, porque no se apega a los tiempos estimados y sí a criterios de los consejeros, llevará hasta el miércoles o jueves la decisión de registrar a los partidos sus planillas a los Ayuntamientos.

 

Además, abre con su actuación la judicialización de muchas de sus determinaciones por inconformidades que puedan emerger de los acuerdos del consejo general del IEEG o por lo que pesquen los partidos de la revisión a lo hecho por sus homólogos.

 

La Topografía.

 

Altimetría. Cinco paladines tomando ritmo. Mientras los encargados de hacer las  encuestas ordenadas por la clientela están muy activos ofreciendo los modelajes de la ciudadanía en la entidad, los candidatos a la Gubernatura, a cuenta gotas, apenas se están estrenándose ante los votantes.

 

Se puede inferir que, en el Verde Ecologista, Felipe Arturo Camarena García se ha colocado frente de la cuarteta de candidatos varones y la fémina, con sus spots,  espectaculares, y reuniones. En segundo lugar, va quien está ganando encuestas.

 

Tras del ex procurador de justicia, prospera Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de la coalición Por Guanajuato al Frente, quien con sus fallidos espectaculares y spots que carecen de la propaganda del PRD y MC, trabaja en campo, casi como lo hizo varios años antes difundiendo el programa de gobierno: Impulso Social.

 

El tercero en las agendas de trabajo, el candidato del PRI, Gerardo Sánchez García, trae spots sin su voz y presencia incipiente en las bardas y sin espectaculares; anda  aún con paso cansino que debe apretar para cazar velozmente a los dos avanzados.

 

La “suerte” del tricolor Sánchez, consiste en que tiene como abanderados para el Senado de la República dos personas que se podrían cosificar de hiperquinéticos, Azul Etcheverry Aranda y Gerardo Zavala Procell, que avanzan “ligeramente”.

 

En el cuarto casillero, quedaron anclados dos abanderados, la maestra Ma. Bertha Solórzano Lujano de Nueva Alianza y el nuevo activista y ex albiazul, representante de la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Sheffield. Luego de una semana del inicio de campaña, permanecen en stand by como esperando una señal.

 

Agrimensura.

 

ISSEG, aviso de ocasión. ¿Trabajadores al amparo? Esta semana, la Comisión de Justicia, tras una sesión que debería analizarse en todas las escuelas de derecho del país y hasta en los Legislativos locales y en la Federación, la diputación panista determinó que no hay necesidad de transitorios para proteger derechos adquiridos de los trabajadores en la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

 

La razón peregrina es que la protección para cualquier ciudadano contra medidas legales que pudieran afectar los derechos ganados en legislaciones abrogadas está en el artículo 14 de la Constitución de la Unión, en su primer párrafo: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

 

No faltó quien aventurara que habría ciudadanos con diferentes derechos y que fue un error haber agregado ese tipo de transitorios en las legislaciones anteriores en la materia. Es decir, las anteriores legislaturas y la praxis legislativa en todo el país, ha vivido en el error ante lo que la mayoría panista de la LXIII considera, con apoyo del Jurídico del Gobierno del Estado.

 

Pero más allá de estas situaciones que causaron problemas existenciales a juristas de todos lados, en las discusiones de la mesa de trabajo de la Comisión de Justicia salió el peine: la razón de origen para borrar los transitorios que proteger los derechos de trabajadores que fueron amparos por anteriores leyes en otro régimen de pensiones y jubilaciones.

 

Los transitorios trastocarían las finanzas de la institución, se argumentó. Y aquí es donde las luces se encendieron. La nueva ley impone un régimen de pensiones a todos los trabajadores que se ciñan al nuevo modelo y será impuesto a los nuevos trabajadores del gobierno.

 

Es decir, los que estaban, juegan con leyes que estaban calculadas en lo financiero. ¿Por qué habrían de trastocar las finanzas los transitorios?, dicen los enterados. A menos que no se tengan recursos para cumplir con los derechos ya ganados de los trabajadores y se piense en obligarlos a pelea por lo que ya es suyo, en tribunales, dónde puede hacerse valer el 14 constitucional… con amparo.

 

Planimetría. Contrata 3M deuda por más 2 MDP.

 

Este domingo se cumplen 35 días que Gobierno del Estado, por medio de un comunicado, reveló que contrató un crédito simple por un monto “hasta 2 mil 88 millones de pesos” para financiar la administración en “inversión pública productiva”

 

A pesar de que el mandatario local, panista Miguel Márquez, había pregonado por algunos años que buscaría la reducción de la deuda del estado. En precampaña por la candidatura del PAN a la Presidencia insistió 3M que sanearía su gobierno.

 

Incluso la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración cuyo titular es Juan Ignacio Martín Solís, en varias ocasiones se tomaron la libertad de llevar a cabo corridas respecto de la forma de pagar la deuda; pero, no aludieron el nuevo crédito.

 

El boletín del 4 de marzo, CGSC/106, especificaba que lícita Gobierno del Estado en Subasta Electrónica, Deuda Pública 2018; sin embargo, no acompañó al monto, una distribución de los recursos. Por el fin del sexenio, septiembre próximo, llama la atención un nuevo endeudamiento e incremento de la deuda del estado.

 

Por los 2 mil 88 millones de pesos, en plena campaña electoral, cinco meses antes de la entrega de dos poderes, se requiere la explicación a la sociedad. Aunque en el boletín, se indica que el “Estado tiene autorizado contratar financiamiento cuyo destino es la inversión pública productiva”.

 

La licitación para contratar la deuda con Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2018, la obtuvo BBVA Bancomer por la totalidad del monto ¿En el “Año de Hidalgo”?

 

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