De los casos de las denuncias en contra de Diego Sinhué han surgido diferentes opiniones, desde que no se hará nada por parte de las autoridades, hasta decir que no tienen sustento, por lo cual desearía citar brevemente: ¿qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y en la Constitución Local en su artículo122?

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

 

Por lo anterior con más de 600 imágenes y 18 videos con la denuncia reforzada que presentamos ante la PGR el pasado 30 de octubre del presente, como dirigentes de Morena, se hace constar que se publicitó la figura de Diego Sinhué Rodríguez, tanto en imágenes difundidas en televisión, así como en la pagina electrónica oficial del gobierno del estado, y diversos medios electrónicos, en estas aparecen la imagen, el nombre, la voz de Diego Sinhué Rodríguez, en conjunto con el símbolo del programa IMPULSO SOCIAL, implicando obviamente una promoción personalizada de dicho servidor público, violentando a lo antes subrayado de las Constituciones tanto la local, como la federal.

 

Por otro lado el Programa Impulso Social al haberse conformado como un programa con carácter transversal, manejaba Programas de Recursos Federales tales como Centros de Poder Joven y Esquema Vivienda para Jóvenes, entre otros.

 

Para esclarecer aún más la denuncia, tendríamos que citar el Código Penal Federal que  en su artículo 223 que a la letra dice:

 

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

II. El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero…

 

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.

 

 


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