El dengue se ha convertido en un grave problema de salud pública en el estado de Guanajuato, y prueba de ello han sido las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría Federal de Salud, en donde se refleja nuestro estado, como el caso más grave del país, con 10,583 casos probables, con 2,044 casos confirmados, dando un total de casos de 12,627 en total en esta entidad, tenemos como estado la tasa de incidencia de 34.59 por cada 100 mil habitantes, la más alta del país, y todo ello nos coloca en el 1er. lugar de dengue en el país; sumado la muerte de 5 personas por estos motivos, los cuales no han sido reconocidos de manera oficial.

 

Ahora bien ¿qué pasa con la Secretaría de Salud Estatal, en el manejo de sus recursos públicos? La respuesta son los dictámenes negativos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2015 dictaminó en la revisión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que el Gobierno del Estado NO realizó una gestión eficiente, ni transparente de los recursos del fondo, irregularidades que consistieron en:

Recuperaciones probables por 168 millones 730 mil pesos, compuesto por 81 millones 907 mil pesos por el pago y registro con el presupuesto del fondo 2015 del suministro de medicamento de los ejercicios 2013 y 2014, sí se pagaron la compra de medicamentos de estos años entonces ¿qué se hizo con el dinero que correspondiente a 2013 y 2014?, sumado a que se determinó que 72 millones 263 mil pesos, fue la diferencia de recursos entre el saldo bancario y lo reportado como pendiente de ejercer contablemente en el Estado de Situación Presupuestal, lo cual resulta absolutamente grave, además en este renglón se observaron 7 millones 177 mil por los cheques cancelados del personal que causó baja y que no fueron reintegrados a la cuenta bancaria específica del fondo, entonces ¿dónde quedo la bolita de estos 7 millones de pesos?

Además se señalaron 6 mil millones 685 mil pesos por no acreditar que la aportación patronal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fueron a personal que corresponde a la plantilla oficial pagada con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2015, es decir, un desvío de recursos, y además  696 mil  pesos por intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado de Guanajuato, que no fueron entregados a la dependencia de salud correspondiente. ¿en la cuenta bancaria de quién  quedaron los intereses bancarios por 696 mil pesos? otro evidente desvío.  

Por si esto no fuera suficiente se detectó un subejercicio por 16, millones 13 mil pesos por recursos no devengados, no ejercidos al 31 de agosto del 2016. La práctica de estos subejercicios es no utilizar este gasto, y cuando se hace la observación lo reponen, para después sacarlo de la cuenta y desviarlo, en el entendido que la ASF ya no revisará este Fondo, práctica que se pretende eliminar con la Ley de disciplina financiera promulgada el presente año.

Lo anterior hizo que la ASF, determinara  1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones (esto consiste en un probables daños a la Hacienda Pública).

Si a esto le sumamos los resultados de PROSPERA, programa de inclusión social: Componente SALUD, en donde en la auditoría realizada al año 2016, la ASF, determinó que en conclusión, la entidad federativa NO realizó una gestión eficiente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas.  

Lo anterior derivado de que al 31 de marzo de 2017, se detectó un subejercicio del 31.4%, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 45 millones 365 mil pesos por el subejercicio, además no se entregó el total de intereses generados al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG); sin contar que a la fecha de la auditoría existe un monto de 10 millones 912 mil pesos de recursos reintegrados pendientes por ejercer.

Todo esto, sin contar con las irregularidades mencionadas en una anterior columna de su servidora, en donde destacaba que en los resultados de la ASF en la revisión del 2016, la Secretaría de Salud, con respecto al manejo económico del Seguro Popular, generó  un probable daño a la Hacienda Pública debido al sub ejercicio de los recursos, por un importe de 127 millones 694 mil pesos, además de comprobarse incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del seguro popular, Y en relación de la auditoría realizada al FASSA 2016, la ASF detectó 88 millones 250 mil pesos de subejercicio y reprobó en transparencia.

Dándonos un total de irregularidades de más de $7 mil millones de pesos, en 2015 y 2016 solamente, sin contar con que la ASF, solo revisa una muestra y no la totalidad del recurso, además de las participaciones estatales que maneja el gobierno del estado de manera directa, que son auditados por la ASE.

Ante este cúmulo de irregularidades, aunado a la compra de insulinas chinas, la contratación por 5 años consecutivos de las empresas Intercontinental de Medicamentos y Dimesa, manipulando el otorgamiento de los contratos, dando ventajas desmedidas a dichas empresas y además con acusaciones de sobreprecios en los medicamentos, es más que evidente que uno de los sectores más delicados y más importantes para la población, como es la salud en nuestro estado, se ha convertido en la fuente del enriquecimiento ilícito de quienes están en el poder a través de sus evidentes negocios. La ASF ha comprobado que donde existe subejercicios son aquellos fondos en los que cuales impera la corrupción. Por ello,  el dengue ni les preocupa, ni les ocupa, y hoy tenemos el primer lugar de casos en el país, en un estado que no tiene las características biológicas para su desarrollo, pero estamos ante un gobierno indolente que hace negocios con uno de los renglones más delicados para la población, la Salud.  

¡Excelente semana!

 

 

 

 


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