Guanajuato, Gto.27 Sep 2017.- Las diputadas Arcelia María González González y Luz Elena Govea López, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, en materia de violencia política-electoral hacia las mujeres.

En la exposición de motivos, la diputada Arcelia María González González explicó que la propuesta legal contempla imponer de dos a seis años de prisión y hasta mil días de multa, así como suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años, al que dolosamente anule o limite el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una persona en el ámbito político o público, por el hecho de ser mujer.

Asimismo, explicó que la iniciativa también establece que cuando en la comisión del delito intervenga un servidor público o dirigente partidista, además de las penas señaladas en el párrafo anterior, se le inhabilitará de uno a seis años para ocupar el cargo, empleo o comisión público.

La congresista señaló que la propuesta legal surge del inexistente tipo autónomo de naturaleza penal que perfeccione, entre otros, la protección de los recientes derechos otorgados constitucional y legalmente a las mujeres en el ámbito político-electoral, así como para su necesaria eficacia preventiva, disuasiva o ejemplificativa de la actuación de la norma penal.

Expuso que cuando las mujeres son cuestionadas solamente por sus ideas políticas no es un caso de violencia; sin embargo dijo, la ambigüedad se hace evidente cuando la manera de atacarlas es a través del uso de estereotipos de género, lo cual niega o socava su competencia en la esfera de participación política y electoral, puesto que sugiere que las mujeres no pertenecen a lo político.

“Estas acciones tienen un profundo impacto puesto que no están dirigidas contra una sola mujer, sino que también pueden lastimar a otras mujeres políticas y peor aún, comunicar a la sociedad en general que las mujeres no deberían participar”, acentuó.

La diputada refirió que las campañas de erradicación de la violencia contra la mujer se han enfocado en teorizar formas físicas y psicológicas de violencia, pero en la legislación no se han completado las fórmulas como respuesta primaria al problema de violencia contra las mujeres en su participación político-electoral.

 

“Con esta iniciativa se genera una respuesta legislativa de mayor protección de los derechos de las mujeres que hoy se deciden por la actividad político-electoral, coadyuvando con el diseño de las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, concluyó.


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